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Aplicable en todo el territorio español con mecanismos de interoperabilidad entre el registro estatal y los registros autonómicos, siempre que sus requisitos sean compatibles. Además, se prevé la conexión con esquemas internacionales para garantizar la trazabilidad y contabilidad única de las absorciones de CO₂.
Grandes empresas obligadas por la Ley 11/2018 (información no financiera) → Aquellas que cumplan, durante dos años seguidos, al menos dos de estos tres criterios:
> 250 empleados,
> 40 millones € de facturación anual,
> 20 millones € en el balance total.
Así como las entidades de interés público y las empresas que formulen cuentas consolidadas y cuya sociedad dominante cumpla esos requisitos.
Entidades del sector público estatal: ministerios, organismos autónomos, Seguridad Social, etc.
Afecta a empresas de cualquier sector, pero especialmente a las pertenecientes al sector de automoción, sector textil, construcción, agroalimentario y HORECA)
Además, el Real Decreto incluye la huella de carbono de eventos, permitiendo su cálculo, reducción y registro voluntario, e incorpora nuevas tipologías de proyectos de absorción de CO₂, incluyendo el carbono azul, que reconoce las absorciones generadas en ecosistemas marinos.
Real Decreto 214/2025, de 18 de marzo
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